1. ¿Hay tanto desacuerdo con respecto a la Ley de aguas?

Menos del que parece. Existen muchos aspectos en los que una mayoría de sectores coinciden. Estos son algunos de las más importantes.

El derecho humano al agua y saneamiento no se ha convertido solo en un elemento de militancia indígena campesina. Otra propuesta, elaborada por expertos preeminentes (Mario Taracena y expertos), también ha desarrollado una sección considerable sobre este derecho. Y la iniciativa del Cacif incluye una breve mención.

Además, parece que hay un amplio acuerdo, aunque no total, sobre la necesidad de una entidad relativamente autónoma, descentralizada, que regule el tema.

También que es buena opción mantener el modelo de gestión descentralizado de agua y saneamiento, e inyectarle fondos a través del canon del agua, de tarifas, multas, etc., o mediante la planificación del uso del recurso, desde la visión de derechos.

Hay una gran coincidencia en que se precisa desarrollar incentivos económicos para conservar las fuentes de agua o bosques.

Y también es bastante compartida la necesidad de reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y su papel en mantener las fuentes de agua.

Además, todas las iniciativas de ley relevantes le dan prioridad al consumo humano de agua frente a otros usos.

Y ninguna propuesta de ley plantea alterar drásticamente la institucionalidad vigente del sector agua y saneamiento.

Todas las propuestas elaboran un sistema de permisos para usar aguas compartidas que debe conceder la autoridad rectora y, para usos especiales, la mayoría requieren de autorización. Algunas utilizan la figura de concesiones, mientras que otras la de licencias. Los plazos otorgados son variables, de 2 a 50 años, dependiendo del uso que y de cada iniciativa.

La mayoría de las iniciativas contempla trasladar los conflictos del agua a procedimientos de conciliación o mediación entre particulares o como etapa anterior a lo judicial. Se establece como última instancia recurrir a los tribunales.

Las propuestas reconocen ciertos usos como derechos adquiridos y favorecen su vigencia. Pero es necesario registrarlos y acreditarlos en un plazo que varía entre 2, 5 y 6 años. Si no, se pierden.

Las coincidencias entre las iniciativas son una oportunidad para aprobar una la ley de aguas, ya que no hay posturas radicalmente opuestas.

La disputa del agua se juega en otras áreas relacionadas con la autoridad rectora y los aprovechamientos especiales.

2. ¿Pero hay desacuerdos? Sí, y relevantes

Lograr que la ley de aguas sea efectiva implica planificar bien el manejo del recurso, y para que de buenos resultados, los distintos niveles administrativos deben estar bien coordinados. Por eso, es necesario redefinir cómo se relacionan las instituciones centrales (como los ministerios) y descentralizadas (como la Anam o el Infom), y quiénes y cómo toman decisiones. Aquí está la mayoría de desacuerdos y de posiciones.

Desde 1985 las iniciativas de ley contemplan diversas modalidades para administrar el agua. Hay juntas directivas, gerencias, institutos, secretarías, consejos, mancomunidades, juntas, asambleas, entre otras. También varían los sectores representados. Todas cuentan con delegados del Gobierno y algunas propuestas incluyen la representación de los gobiernos locales, sociedad civil, sector privado organizado o pueblos indígenas. La participación de actores en la rectoría del agua dice mucho sobre los intereses políticos en pugna.

De las cuatro iniciativas recientes más relevantes, la única que el Congreso ha considerado viable técnicamente es la 5161, presentada por la alianza oficialista en 2016. Esta iniciativa define el agua como un asunto de “seguridad nacional” y, por ende, justifica la centralización de las decisiones (con la participación del Cacif).

Las otras tres iniciativas más relevantes plantean un modelo descentralizado de gestión: la propuesta 5070 del diputado Leocadio Juracán, la propuesta de Taracena y expertos, y la propuesta de Cacif (sí, la de Cacif también).

La descentralización favorece una inclusión mayor de actores locales y regionales en las decisiones sobre el uso de aguas compartidas.

Al leer las propuestas de ley y ver cómo unas omiten y otras refuerzan la participación indígena, el debate parece circunscribirse a:

1. Quiénes integran los espacios de decisión.
2. Cómo se reinvierte el canon de agua, una especie de tasa o impuesto, recaudado en las cuencas.
3. La concesión de incentivos de conservación a empresas, individuos o colectivos que demuestren la capacidad de cuidar las fuentes de agua compartidas.

3. ¿Cuál es la iniciativa más excluyente?

La oficialista plantea un esquema de trabajo centralizado y vertical, cuya justificación recae en la necesidad de considerar el agua como un recurso estratégico para la seguridad nacional. Propone crear el Instituto Nacional del Agua (Inagua), adscrito al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El Instituto estaría a cargo del director general, nombrado por el Consejo Nacional del Recurso Hídrico. El Consejo es el ente encargado de crear la política específica. Lo componen:

• Cuatro representantes del Gobierno (Marn, Maga, Mspas, Mineco).
• Uno de la Anam.
• Uno del Insivumeh.
• Un representante de los Codedes, 
• Un representante del “sector productivo organizado; sector industria”. 
• Un representante del “sector productivo organizado; sector agro”.
• Un representante de las universidades. 

La propuesta solo reconoce al sector privado organizado, a la academia y a los consejos de desarrollo como interlocutores legítimos. A diferencia de otras no tiene en cuenta a comunidades indígenas, entre otros.

4. ¿Cuál parece más recomendable en este sentido?

Aunque no deja de ser corporativista, la iniciativa de Taracena y expertos es la que ha afinado más este aspecto. Propone desplazar la toma de decisiones al nivel de cuenca, otorgándole a los “usuarios” la potestad de decidir, en mesas ampliadas de actores, quién tiene derecho a qué aguas y bajo qué parámetros.

5. ¿Y cuál es el problema?

Decir que descentralizar las decisiones e incluir a una diversidad de actores en las mesas por cuenca puede mejorar la gobernabilidad, al incorporar permitir que las decisiones se tomen, en igualdad, entre buena parte de los implicados. Pero genera una pregunta: ¿Cómo evitar que esas instancias sean cooptadas por actores de poder y redes que pongan las instituciones a su servicio? Esos problemas, pero agravados, los tiene también la propuesta centralista, que no está exenta de la cooptación y la captura, y de hecho por estar centralizada concentraría más fácilmente el poder.