La finca El Socorro abarca 789,468 m2, equivalentes a cinco veces el tamaño del Zoológico La Aurora. En la mayor parte de su extensión, el área está cubierta por bosque natural. Su desarrollo estará a cargo de Inmobiliaria Las Lomas y requerirá una inversión de 189 millones de quetzales. En su primera fase planean construir diez edificios con 225 apartamentos para 1,125 residentes.

Las fotografías de la tala de árboles en el lugar pusieron en alerta a los vecinos. Antes de eso, ni la Municipalidad de Guatemala ni la empresa constructora se acercaron para socializar el proyecto.

A falta de información, en los vecinos prima el miedo a perder el bosque y que se agrave el problema de la falta de agua. También prima la desconfianza en las autoridades.

En zona 16, en colonias como Camposeco, Ciudad Vieja 2, Las Vacas o Montesano, el servicio es inestable y algunas veces pasan hasta tres días sin agua. Los vecinos desconocen cómo El Socorro podría afectar su ya difícil situación.

La legalización del proyecto es un ejemplo de cómo funcionan las cosas en Guatemala: una empresa inicia con un gran proyecto sin avisar a los vecinos, estos buscan información con las autoridades y las autoridades los ignoran. Sin otra alternativa, los vecinos protestan. Mientras tanto las empresas no se sienten en la obligación de mejorar sus estudios previos, sobre todo, porque el Estado brilla por su ausencia y sus pocas normativas son laxas.

Karina Monroy, vecina de la colonia Concepción Las Lomas y parte del grupo Vecinos Protegiendo el Medio Ambiente de Zona 16, cuenta que desde hace 20 años ha visto cómo se acrecentaron los problemas de tráfico y, sobre todo, la escasez de agua en las viviendas.

“En 2013 —recuerda Monroy— la situación se agravó tanto que los vecinos de varias colonias bloquearon el bulevar Landívar para que la Muni atendiera la falta de agua. Al final vino el ex alcalde Álvaro Arzú y abrieron un pozo. Pero ahora con esto de la obra, ni el alcalde (Ricardo Quiñónez), ni el alcalde auxiliar (Nery Llamas) nos han querido atender”.

Ante la falta de atención de las autoridades, el pasado 10 de octubre, vecinos de la zona en compañía del Movimiento Ecológico Estudiantil, organizaron una manifestación y recolectaron 5,000 firmas para respaldar su oposición a El Socorro. Esperan que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dictamine en contra del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Una oposición comunitaria, como tantas que han sucedido en el área rural, pero esta vez en el centro de una de las áreas más exclusivas de la ciudad capital.

Las razones de quienes se oponen

Aunque El Socorro se presenta como un desarrollo independiente, en realidad es parte de un gran proyecto que inició en 2003 cuando el arquitecto, León Krier, trazó el Plan Maestro de Ciudad Cayalá. En dicho plan ya se contemplaba el área de El Socorro, tal y cómo se puede ver en esta presentación hecha por el mismo Krier.

Es más, los permisos municipales para las dos primeras lotificaciones ya desarrolladas, Jacarandas y Cayalá; y para El Socorro, fueron aprobados desde 1984, en la gestión de José Ángel Lee. En ese momento no existía ni la legislación ambiental actual ni un plan municipal de ordenamiento territorial.

Dentro del gran proyecto de Cayalá, está El Socorro; y dentro de El Socorro, su Fase I. Es por eso que la propuesta volumétrica que circuló en redes sociales no coincide con la descripción del proyecto y los planos que la empresa entregó al MARN, dentro del EIA, el pasado 31 de agosto.

Actualmente Grupo Cayalá solo está tramitando los permisos para la construcción de esa fase que abarca aproximadamente 120,000 m2, alrededor de 12 hectáreas, de los cuáles 12,000m2 serán los ocuparánedificios de apartamentos. Esto equivale al 1,5% de la superficie total de la finca.

Esta es la razón principal de dos de las oposiciones que han sido presentadas al MARN. La primera fue elaborada por la comisión de ambiente del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui) y la segunda, por los diputados de la bancada Semilla, Samuél Pérez y Román Castellanos.

Ambas coinciden en algunos de los argumentos para rechazar el proyecto. Por una parte, el fraccionamiento impide evaluar su impacto real y, por otra, sirvió para que la empresa registrara la obra en un renglón menor dentro del Listado Taxativo de Proyectos del MARN. Este listado establece requisitos para obras y actividades industriales según su tamaño y el impacto que podrían tener en el medio ambiente.

El EIA de El Socorro se presentó dentro de la categoría B1 para “proyectos de alto a moderado impacto ambiental potencial”. Sin embargo, los diputados consideran que por la extensión total del proyecto y por la magnitud de las obras relacionadas con la construcción, este debe figurar en la categoría “A”, establecida para obras de alto riesgo ambiental.

Si el MARN toma como válido este argumento, según el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (acuerdo gubernativo 137-2016), el EIA de El Socorro deberá ser rechazado.

El Cofaqui también agrupa a biólogos y por ello su Comisión de Ambiente decidió analizar el EIA de El Socorro. La bióloga Bárbara Escobar Anleú, parte de dicha comisión, comenta:“Lo que correspondía era presentar una Evaluación de Efectos Acumulativos porque cada fase del proyecto va sumando impactos en la biodiversidad y en los recursos naturales de la zona. Aunque el EIA lo niega, en El Socorro es posible identificar al menos 200 especies de vertebrados, además de diversidad de insectos y plantas que serían afectadas”.

La Comisión de Ambiente de Cofaqui determinó la presencia de fauna basándose en herramientas de ciencia ciudadana, una método por el que se crea conocimiento de manera colaborativa. Por ejemplo, alguien sube la fotografía de un pájaro en El Socorro y luego un biólogo aporta los detalles sobre la especie a la que pertenece. Con este mecanismo lograron determinar que existe una diversidad de flora y fauna que está en peligro en caso de que el proyecto sea aprobado.

Mientras tanto, en el EIA de El Socorro, la desarrolladora niega la existencia de fauna.

La última palabra, sin embargo, la tiene el MARN. La institución será la que determine la existencia o no de especies animales en la zona. En gran medida, este debate dependerá de si el acepta que el impacto del proyecto debía evaluarse en la totalidad de la finca.

Como se puede observar en las imágenes del lugar, el área donde se edificará la Fase I así como el área de impacto que se delimitó en el EIA, se encuentra a medio deforestar. En cambio, si se toma en cuenta el área total de la finca, las posibilidades de encontrar fauna son mayores.

“El Socorro evidencia las deficiencias de nuestra legislación ambiental —explica el abogado ambientalista Juan Manuel de la Cruz— porque aunque existan otros instrumentos de evaluación de impacto, la ley solo les obliga a realizar el Estudio de Impacto Ambiental. Además el Estado tampoco cuenta con criterios científicos para decirle a las empresas cuál es el área real de impacto de sus proyectos”.

De La Cruz y Escobar concuerdan en que los EIA se ven nada más como un requisito a llenar más que como una evaluación real de los impactos y las maneras de mitigarlos.

El ingeniero Héctor Leal, director de Grupo Cayalá, se limitó a responder por correo electrónico algunas preguntas para este reportaje.

“Lo presentado por los técnicos del Cofaqui critica la forma y no el fondo del trabajo realizado, en su mayoría desde una perspectiva biológica, lo cual es muy enriquecedor y lo agradecemos profundamente. Pero eso no significa que nuestros técnicos no hayan utilizado metodologías para llegar a las conclusiones y recomendaciones que emitieron basadas en los estudios que lo respaldan”, dijo.

La tala del bosque y el dilema del agua

Gran parte del área donde se desarrollará la Fase I de El Socorro se encontraba deforestada antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo sí hay tala y esta fue documentada por los vecinos. Incluso la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público, hizo una inspección el 6 de octubre para determinar si la tala era legal o ilegal. sobre los resultados no brindaron información.

El debate sobre la deforestación de la zona está íntimamente ligado a la preocupación por el agua. Si se cambia el uso del suelo, este se impermeabiliza y pierde capacidad para aprovechar el agua de las lluvias y recargar las fuentes subterráneas.

En la comunicación escrita, Leal argumenta que cuentan con un certificado de Inscripción de Plantaciones Voluntarias del Instituto Nacional de Bosques (INAB) que les autoriza para aprovechar las 11.45 hectáreas que plantaron en los años ochenta. Estas certificaciones, según el artículo 53 de la Ley Forestal, les exime de la obligación de contar con licencia para la tala, poda o raleo del bosque.

Según información del INAB, El Socorro posee 11,45 hectáreas de plantaciones voluntarias y 36 de bosque nativo que no podrían reforestarse. La bióloga Bárbara Escobar señala que el problema con la forma en que se manejan los certificados de plantaciones voluntarias es que responden más a criterios de productividad que a consideraciones ecológicas.

En el EIA de El Socorro se describe de forma general su relación con las fuentes de agua cercanas:“El terreno sujeto a evaluación se ubica en zona 16, dentro de la Subcuenca del Río Santa Rosita y Cuenca del Río Motagua, por lo que su drenaje natural es dentro de la Vertiente del Caribe; que a través del Riachuelo de Santa Rosita, pasando a ser luego el Río Santa Rosita, se une al Río Las Vacas, que desemboca en el Río Motagua que recorre varios departamentos (El Progreso, Zacapa e Izabal) hacia el Océano Atlántico”.

Pese a esa relación con fuentes tan importantes para la metrópolis, el director de Grupo Cayalá, Héctor Leal, sostiene que el impacto será mínimo: “hemos consultado a diversos expertos en recursos hídricos. Nos han indicado que, utilizando la gravedad a nuestro favor, dejando áreas intactas de bosque (sin impermeabilizar), haciendo uso de agua tratada y la tecnología de los pozos de absorción, podremos estar tranquilos con la cantidad de agua”.

Su optimismo contrasta con la situación del agua en la ciudad de Guatemala, que es crítica.

Actualmente la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA) tiene un déficit del 25%, que sube al 35% en verano, para satisfacer la demanda. Además según los datos de la misma entidad, los pozos subterráneos descienden en promedio 3 metros al año.

No solo el líquido es escaso, su distribución tampoco es equitativa. Según un estudio de 2016, la mayor parte del agua la acaparan las zonas con más industria y comercio, en detrimento de las áreas con viviendas más precarias.

La empresa desarrolladora estima que cuando la fase I del complejo El Socorro esté terminada, usarán cada día 278,945 litros de agua, poco más de 247 litros por habitante. Eso es 80 litros más de lo que consume en promedio cada habitante del área metropolitana.

Si bien el suministro de agua para el proyecto provendrá de dos pozos existentes dentro de la finca, en el EIA no hay estimaciones sobre el tiempo que tardarán en secarse dichos pozos.

Hasta el momento casi no hay investigaciones que analicen la recarga hídrica en el área metropolitana y establecer dónde y cuánto aporta en la captación de lluvia cada sector. Uno de los pocos estudios al respecto lo está haciendo la Universidad Rafael Landívar.

La ingeniera Sara Fuentes es parte de dicha investigación. Explica que están tomando muestras entre época lluviosa y época seca para determinar la antigüedad del agua subterránea y comprender cómo se comportan los niveles de los pozos. Por ahora el estudio se enfoca en las áreas relacionadas con la cuenca del río Villalobos.

Aunque aún carecen de datos para el área de El Socorro, Fuentes señala: “hay evidencia de que la mayor parte de las recargas en el área metropolitana provienen de lluvias y si bien ahora llueve más, la impermeabilización del suelo está impidiendo que estas aguas se aprovechen. Proyectos como este terminan impidiendo la recarga y provocando inundaciones”.

Fuentes coincide con la comisión del Cofaqui en las deficiencias del EIA de El Socorro, sobre todo en lo relacionado al impacto y las medidas de mitigación relacionadas con las fuentes y el manejo del agua. “Darle mantenimiento a una cisterna no es suficiente para el impacto de esta obra”, concluye.

La bióloga Bárbara Escobar también señala un problema de enfoque en el EIA ya que todas las medidas de mitigación están orientadas más a prevenir daños para el proyecto mismo que para sus alrededores.

La comisión de ambiente del Cofaqui hizo un “análisis de la cobertura arbórea actual utilizando herramientas científicas de fotointerpretación en línea (iTree Canopy)”. Con base en ello estimaron que la ciudad dejará de percibir servicios naturales valorados en más de Q5 millones anuales.

Con la pérdida del bosque se pierde la capacidad natural para la reducción del calor, la remoción de contaminantes atmosféricos, reducción de la escorrentía pluvial, el almacenaje de gases de efecto invernadero, la producción de oxígeno y el refugio para la vida silvestre.

Un Estado sin uñas ni dientes

Las oposiciones anteriores no tendrían ningún sentido si todo se limitara a que los dueños del terreno pueden hacer lo que gusten porque se trata de propiedad privada. Pero “todos los derechos tienen un límite —apunta el abogado ambientalista Juan Manuel de la Cruz— y en este caso es cuando afecta al bien común. Es la lógica, por ejemplo, con la que se regula el sonido de los comercios o se prohíben bares cerca de establecimientos educativos”.

Las normativas guatemaltecas en materia ambiental son tan débiles que ni siquiera el Estado ha cumplido con el mandato constitucional de aprobar una Ley de Aguas. Y a su vez, 335 municipalidades no han acatado la obligación de crear un Plan de Ordenamiento Territorial. También, desde 2015, el MARN ha prorrogado cinco veces el plazo para que las comunas construyan al menos dos plantas para el tratamiento de aguas residuales.

Aunque la legislación local es débil, sí existe normativa internacional, como la opinión consultiva OC23-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoce la obligación de los estados de proteger el medio ambiente. También está el Protocolo de San Salvador, que reconoce el derecho a un ambiente sano como derecho humano y por lo tanto justiciable ante la misma CIDH.

“En la legislación guatemalteca resultan clave —explica De la Cruz— la jurisprudencia que sentó la Corte de Constitucionalidad en los casos de las minas El Escobal y Fénix. Esos dos procesos nos dieron la oportunidad para hablar sobre qué es y cómo debe hacerse el análisis del estudio de impacto ambiental”.

En ambos casos, la CC suspendió las operaciones mineras al considerar que no se cumplió con el requisito de hacer una consulta comunitaria adecuada. A menor escala, la situación tiene semejanzas con El Socorro.

Dentro del EIA, para cumplir con el requisito de conocer la percepción de la población respecto al proyecto, la empresa se limitó a entrevistar a diez personas, ocho de las cuales residían en colonias cercanas a El Socorro. De ellas, al menos cinco manifestaron su preocupación por el impacto en el tráfico y en los recursos naturales.

Fue la desconfianza en el Estado la que hizo que los vecinos se organizaran para pedir información sobre el proyecto, explica Roberto Cáceres, sociólogo, catedrático universitario y vecino de la colonia Concepción Las Lomas, en la zona 16 de la capital. Señala que incluso el Comité Único de Barrio, evade atender las preguntas de los vecinos.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo porque al final es propiedad privada. Lo que estamos pidiendo es que la Municipalidad cumpla con su promesa de hacer una ciudad verde y exija que el proyecto sea respetuoso con su entorno natural y se integre con el resto de la zona. El enfoque de ellos es crear una isla y eso solo convierte en guetos a las comunidades aledañas”, reclama Cáceres.

El futuro de El Socorro (y del país)

Por ahora el futuro de El Socorro está en manos del MARN; el departamento de comunicación de la institución no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje.

El viceministro de Ambiente, Ángel Lavarreda, informó en una citación con la bancada Semilla que la Dirección de Gestión Ambiental regularmente solo asigna un técnico para evaluar cada EIA, pero que dado el impacto de El Socorro, han asignado a tres técnicos más.

La Dirección de Gestión Ambiental no hace verificaciones propias en temas en disputa como la presencia, o no, de fauna que será afectada por la obra. Solo traslada la oposición a la empresa para que responda o bien, pide la opinión de su consejo asesor. Luego de eso decide qué argumentos le parecen más convincentes y dictamina.

Aún mayor es la dificultad de la institución para determinar si el impacto en el manto acuífero es perjudicial para los intereses de la ciudad. El abogado Juan Manuel de la Cruz, explica:“El Estado carece de datos científicos, que sí poseen otros países, para determinar la carga hídrica. Nunca han querido invertir en investigación y sin datos, en caso de negar el proyecto, la empresa fácilmente puede responder que el MARN no puede decirle que está sobrepasando la capacidad de carga de la ciudad porque el mismo ministerio no sabe cuál es esa capacidad”.

Por ahora, Grupo Cayalá, a través de su director Héctor Leal, asegura que de no recibir un dictamen favorable, buscarán mejores alternativas para mantener un balance entre la urbanización y el medio ambiente. También aclara que están trabajando en un acercamiento para mejorar la relación con los vecinos: “Nuestro departamento de relaciones públicas estará recibiendo las sugerencias, quejas, comentarios o dudas que el público en general pueda tener, poniendo especial énfasis a aquellos provenientes de los vecinos del proyecto. Una vez tengamos esta información, iniciaremos con sesiones de acercamiento, con el firme propósito de llegar a acuerdos de beneficio mutuo”.

Hasta el momento la Municipalidad de Guatemala no ha atendido las solicitudes de información por parte de los vecinos. En una citación en el Congreso, el pasado 19 de octubre, la síndico María Elena Cruz excusó a la comuna asegurando que aún no conocen el proyecto porque dependen de la forma en que resuelva en MARN.

El diputado Román Castellanos, la bióloga Bárbara Escobar y el abogado ambientalista Juan Manuel de la Cruz, coinciden en que la discusión alrededor de El Socorro debería aprovecharse para impulsar una reforma legal amplia en materia ambiental. También para generar empatía en la ciudad con las luchas comunitarias, que se dan en el área rural, en defensa de los recursos naturales.

La defensa de los bosques de El Socorro no dista mucho de la defensa de los manglares en El Estor, Izabal; la oposición a la minería en Santa Rosa; la defensa del Río Cahabón, en Alta Verapaz o el rechazo a la cementera en San Juan Sacatepéquez. La diferencia es que acá, en la ciudad, hasta ahora no han habido amenazas, criminalización, muertos o presos políticos.

Según el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, el MARN tiene 30 días hábiles, a partir de terminada la vista pública, para emitir un dictamen sobre el Estudio de Impacto Ambiental de El Socorro. Podrían solicitar hasta dos ampliaciones de 30 días más para analizar el expediente. En caso de no hacer ampliaciones, habrá una respuesta antes del 30 de noviembre de este año.