Aún es pronto para hablar de la tragedia en pasado. Karla Rax coordina un programa enfocado en reducir la desigualdad en Chisec, Alta Verapaz, uno de los departamentos más golpeados por Eta. Teme que ahora que muchas comunidades permanecen inundadas, comience una crisis sanitaria. 

«En varias aldeas nunca hubo agua potable. Subsistían con agua del río y con pequeños pozos. Ahora, con la tormenta, la inundación mezcló toda la basura que arrastró, con el agua de esos pozos y con las letrinas rebalsadas. En medio de todo eso está la gente intentando rescatar sus cosas», cuenta Rax.

Karla Rax no recuerda el paso del huracán Mitch por su misma aldea hace 22 años pero los escenarios no son tan distintos. Las fuertes lluvias provocaron deslaves e inundaciones y con ellas, una crisis humanitaria en las áreas rurales. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en aquella tragedia la carencia de agua potable agravó la crisis debido a los casos de diarrea, dengue y malaria.

En el mismo informe CEPAL asoció estos problemas con la falta de una «legislación que regule en forma adecuada el uso del agua y la interrelación de las múltiples instituciones y organismos que tienen que ver con su uso». 

En 22 años poco o nada se hizo para evitar que la historia se repitiera. Esa legislación que no existía ni existe ahora, es la ley de aguas. Una ley que, por mandato constitucional, debe regular el aprovechamiento, uso y goce del agua.

Abraham Barrios, ingeniero hidráulico y autor de una propuesta de ley de aguas, explica que esta no solo es necesaria para evitar los problemas de saneamiento y distribución que se dan después de un desastre natural, también es el andamiaje técnico de otros marcos importantes para reducir nuestra vulnerabilidad. 

«Necesitamos planes de ordenamiento territorial que eviten el uso no idóneo de la tierra y un código de construcción que reduzca las probabilidades de colapsos pero eso no se puede hacer sin una base científica respaldada por una instancia nacional que administre el agua», señala Barrios.

Como no existe la ley y por ende una instancia rectora, esa preparación para evitar otro desastre parece un sueño lejano. Para entender la vulnerabilidad que provoca este vacío legal podemos regresar a Chisec.

Chisec y la suma de todos los males

En los últimos dos años, Chisec, ese pequeño municipio de Alta Verapaz, vivió dos fenómenos naturales extremos. Una sequía que acabó con los cultivos y secó los ríos San Simón y Sachichá, y la laguna Sepalau; y la reciente tormenta Eta que inundó cientos de viviendas, provocó deslaves y arrasó con hectáreas de cosechas. 

Vilma Chon, vecina de la aldea Semococh, recuerda que en sequía los pobladores tenían que alquilar transporte y buscar una finca que les vendiera agua. Luego, cuando la naturaleza les dio una tregua, el agua siguió siendo un problema. «Lo poco que cae es agua salada por eso la usamos solo para trapear y lavar los trastos. Si uno la usa para lavar ropa se pone amarillenta», comenta Chon. 

En Chisec el Estado brilla por su ausencia. Karla Rax comenta que el Ministerio de Salud no llega a verificar la calidad del agua, que la municipalidad se involucra poco porque asegura que no hay dinero y que tampoco hay autoridad alguna para evitar que quienes tienen recursos, perforen pozos y se aprovechan de la sequía para hacer negocio. 

Menos esperanza tiene de que el Estado intervenga ante el avance del cultivo de palma africana. «Quiera que no, el bosque que talan para sembrar deja de recolectar agua para los ríos y aunque ellos tengan sus pozos propios nos afecta a todos», comenta. El otro problema de suplantar los bosques por cultivos es que al llover las precipitaciones de agua son más fuertes y aumenta el riesgo de deslaves como el que sepultó a la aldea Quejá, el pasado 4 de noviembre.

¿Qué institución del Estado es la responsable de las problemáticas de agua en Chisec? Con el marco legal actual compuesto por 39 artículos de la Constitución, 10 artículos del Código Civil, y una larga lista de leyes, normativas, mecanismos y planes; la responsabilidad se distribuye entre los ministerios de Energía y Minas, Medio Ambiente, Agricultura, Salud y Comunicaciones, entre sus respectivas dependencias y entre las municipalidades locales.

A falta de una instancia que coordine los esfuerzos y asuma las responsabilidades, cada institución del Estado aborda el agua desde su propia perspectiva. 

Por ejemplo, actualmente la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh), recolectan datos sobre áreas de inundación pero con fines de documentación o de alertas, no para aprovecharlos en una política más amplia.

«Una autoridad responsable del agua ahora mismo podría establecer cuáles son las áreas de inundación, identificar los límites de las cuencas y subcuencas, determinar los riesgos y establecer políticas de uso de la tierra. A partir de allí el Estado debería empezar a trabajar en alternativas para reubicar a las comunidades que estarían en riesgo ante la siguiente tormenta», explica el ingeniero en recursos hídricos, Abraham Barrios. 

En 35 años han existido 16 iniciativas de ley de aguas. Tres fueron propuestas desde el Organismo Ejecutivo por los expresidentes Vinicio Cerezo, Álvaro Arzú y Jimmy Morales. Las otras, por diputados tan diferentes en sus posturas políticas como Lucrecía Marroquín de Palomo, cercana al sector empresarial, o Leocadio Juracán, del partido Winaq.

Entre las más recientes se encuentran las iniciativas 5070, promovida por el diputado Juracán; la 5151, del gobierno de Jimmy Morales, 5161; y dos propuestas que no han sido conocidas en el pleno, una elaborada por el ingeniero Abraham Barrios y otra por la organización Servicios Jurídicos y Sociales. Las cuatro coinciden en la necesidad de crear una nueva autoridad que centralice todas las decisiones y coordine todos los esfuerzos relacionados con el agua.

La gota que nunca derrama  el vaso

¿Por qué si la ley es tan importante no se ha podido aprobar en 30 años? Las respuestas son dos: el interés particular y la corrupción.

La ley de aguas fijaría formas de cobrar por el uso del agua, multas por contaminar las fuentes y también reconocería el derecho de expropiación cuando se considere que un yacimiento de agua puede ser de beneficio social. Estos fueron algunos de los disuasivos que provocaron el rechazo indirecto del sector privado a la iniciativa 3118 que estuvo a punto de aprobarse en 2005.

En esa ocasión la autoridad indígena de 48 Cantones también se opuso por el miedo a que el agua fuera privatizada y por la nula confianza en que el Estado pudiera administrar el agua mejor que ellos.

El ingeniero Abraham Barrios considera que el temor de la agroindustria a hacerse responsable por el uso del agua es el principal obstáculo para una ley de aguas pero que el mejor ordenamiento del país también podría afectar otros negocios como el de la reconstrucción de obra pública.

Tomando en cuenta sólo los desastres naturales provocados por tormentas, según datos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el país ha gastado en reconstrucción 28,230 millones de quetzales en apenas dos décadas. Sumando los daños provocados por Eta, las tormentas de la última década dejaron 94 puentes dañados y 73 destruidos.

«Son datos terribles. Los puentes se diseñan para resistir cien años y deberían poder soportar la subida en el caudal de un río. Si se caen, pues hay que levantarlos por encima de ese nivel pero si ese dato no se conoce o se ignora por conveniencia, el desastre seguirá ocurriendo», señala el ingeniero estructural Gustavo Cosenza, quien cuenta con una especialización en riesgos y fenómenos naturales y lleva una década trabajando en la revisión estructural de puentes en Alemania.

Para los ingenieros Cosenza y Barrios, una adecuada normativa sobre el agua y los caudales sería el primer paso para «dejar de tirar el dinero al agua», en puentes que no resisten las subidas y en dragado de ríos.

«En Alemania hay reglamentos, planes y normas específicas para cada aspecto de la construcción y esto limita las posibilidades de corrupción. En cambio en Guatemala gastan millones en dragado de ríos, una obra que no soluciona los problemas a largo plazo y para la que no existen criterios para evaluar su impacto», comenta Cosenza. 

Según Guatecompras, entre 2004 y 2020 se adjudicaron 2,700 millones de quetzales para tareas de dragado.

El 5 de noviembre, el mismo día en que Eta atravesó el país, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) allanó varios inmuebles en búsqueda del exdiputado Armando Escribá. Entre otros delitos, a Escribá lo buscan por haber defraudado 148 millones de quetzales que tenían que haber sido utilizados en la reconstrucción tras el paso de la tormenta Ágatha.

«No se puede hablar de reconstrucción. Lo que hay acá son chapuces porque no se toman medidas para evitar otra tragedia», señala la antropóloga Alejandra Colom. También suma otro factor para explicar la falta de interés con una ley de aguas de la que se pueda derivar una mejor preparación ante el cambio climático: el racismo.

«En Guatemala —apunta Colom— como los desastres naturales afectan en su mayoría a comunidades indígenas del área rural, no hay preocupación por mejorar sus condiciones. Es como si valieran menos esas muertes por deslaves o por enfermedades asociadas con la contaminación del agua».

Similar es el planteamiento del ingeniero Abraham Barrios: «la agroindustria puede pagar estudios privados para evaluar riesgos y sus plantaciones se inundan pueden amortiguar las pérdidas o recibir beneficios del Estado. Por eso el problema del manejo del agua no les parece tan grave como para las familias de campesinos que dependen únicamente de sus cosechas».

Más tragedias, más pérdidas, más pobreza

Apenas una semana después del paso de la tormenta Eta por Guatemala, otras dos tormentas más se habían formado en el Caribe: Theta e Iota. Con estas fueron 30 tormentas en el año. Un récord histórico.

El panorama no es alentador. Un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático alerta sobre el aumento de las tormentas y su magnitud, debido al cambio climático. Señala además que al haber menor tiempo entre cada una no solo los riesgos son más altos sino que los países no pueden siquiera recuperarse antes de enfrentar el siguiente impacto.

Una investigación publicada en la revista científica Nature estima que en los próximos 15 años, las pérdidas económicas por inundaciones a nivel mundial aumentarán en un 17%.

Otro estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, estimó que en el mismo lapso de tiempo, debido a las tormentas, Guatemala ha perdido US$13.2 mil millones. Es decir, 97,500 millones de quetzales. El equivalente al presupuesto del Estado para 2021.

Tan solo los 28,230 millones de quetzales invertidos en la reconstrucción tras el huracán Mitch (1998) y las tormentas Stan (2005), 16 (2008), Ágatha (2010), 12E (2011) y Eta (2020), equivale a un año de presupuesto de los ministerios de Salud y Educación. También servirían para que más de 1,700 hogares en condición de pobreza pudieran recibir el Bono Familia durante un año completo.

Iván Aguilar, coordinador humanitario de Oxfam-Guatemala, considera que la dimensión del desastre ocasionado por Eta podría ser mayor que la del Mitch o el Stan porque «nunca habían convergido tantas coyunturas desfavorables», en referencia a la situación de Alta Verapaz, que, con un 83% de población en situación de pobreza, ha enfrentado sequías, hambrunas, pandemias y tormentas.

«El país no es capaz de superar sus condiciones entonces con cada desastre, retrocede y se vuelve más vulnerable. Aunque la ley de aguas no es la solución a todo, sí es una parte fundamental para ordenar todo.¿Por qué las personas se asientan cerca de los ríos? Primero porque no tienen cómo pagar un lugar donde vivir, luego porque necesitan agua y el Estado es incapaz de llevarles agua hasta sus comunidades».

En Chisec, Karla Rax también tiene claro el impacto del problema del agua: «Acá hemos visto que la falta de agua incluso está relacionada con que las niñas ya no vayan a la escuela porque a ellas les toca ir al río a traer agua o a lavar la ropa. ¿Qué oportunidades van a tener después?».

La magnitud de la crisis provocada por Eta está lejos de provocar un debate legislativo sobre la necesidad de reducir la vulnerabilidad y de contar con marcos como la ley de aguas. 

En agosto la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso, retomó el análisis de las iniciativas 5095 y 5161, relacionadas con la ley de aguas. Ambas habían recibido dictamen favorable durante la legislatura pasada. Sin embargo, la diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq y parte de dicha comisión, explica que aunque hubo un intento por retomar la iniciativa y socializarla con diversos sectores «no hay certeza de poder sacarla adelante, porque hay otros temas importantes que están dominando en la agenda legislativa».

La politóloga Marielos Chang explica que la discusión parlamentaria probablemente priorizará la discusión del presupuesto, la elección de magistrados y otros temas y leyes orientadas a la reactivación económica como la Ley de Infraestructura Vial o de Reducción de Trámites. «Cuando hay desastres naturales suelen modificar su agenda pero para ratificar Estados de Calamidad o hacer modificaciones de presupuesto», comenta.

El 10 de noviembre, en la primera sesión legislativa tras el paso de la tormenta Eta, los diputados se limitaron a ratificar el Estado de Calamidad en tres departamentos, exonerar de IVA y otros aranceles a las donaciones que reciban los clubes rotarios, y aprobar una enmienda para que el Registro Nacional de las Personas no le cobre a los damnificados por la reposición de su documento de identificación.

La ley de aguas tendrá que esperar hasta el próximo desastre natural que podría suceder en cualquier momento.