Sergio Castañeda, representante de la organización Servicios Jurídicos y Sociales (Serjus) y de la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio, analiza los problemas creados por la falta de una Ley de Aguas, los retos para lograr su aprobación y el peligro de que esta legislatura promulgue una norma contraria a los intereses de las mayorías. 

¿A qué se debe que 30 años después aún no tengamos una Ley de Aguas?

Primero, a que la Constitución limita a que son muy pocas las entidades públicas que tienen facultad de presentar iniciativas de ley. Está el Congreso, obviamente, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de San Carlos. Esta última debería tener un papel más activo en el debate público pero no fue sino hasta hace un par de años que impulsó los Diálogos por el Agua. De allí salió la iniciativa 5253 pero su propuesta llega con muchos años de retraso.

A la orilla del lago de Amatitlán una capa de color verde envuelve el agua y la flora que emerge. Diciembre 2020. Simone Dalmasso

Entonces, primero no hay intereses en las instituciones con poder de propuesta por impulsar la Ley de Aguas. Luego tenemos una Corte de Constitucionalidad que podría ponerle un alto al Congreso y fijar un plazo para que emita la ley, pero, en vez de eso, una y otra vez solo se limita a conminar. Así pueden pasar otros 3 meses o un año que nada va a cambiar. 

Actualmente tenemos una normativa dispersa. Un Código Civil de 1932, un Código de Salud, una Ley de Minería y otras normas específicas que facultan a diversas instituciones para brindar licencias relacionadas con el uso del agua pero ninguna cuenta con asidero constitucional porque falta la ley general. La Corte de Constitucionalidad está obligada a poner orden y exigir esa ley que vendría a derogar esta normativa dispersa. 

Ahora bien, ¿quiénes ganan con esta anarquía el agua? Pues los empresarios y quienes no quieren hacerse responsable del abuso y la contaminación de las fuentes de agua. A ellos les conviene que este vacío siga porque las sanciones actuales son risibles y cada quien hace lo que quiere.

Federico Francisco Yojcom, 57, administrador del Centro de Investigaciones de San Pedro la Laguna, observa la obra "Megacolector" del artista Henry Méndez, noviembre 2019. Simone Dalmasso

Precisamente por esa falta de ley general que mencionas, la Corte de Constitucionalidad anuló en los años noventa dos acuerdos municipales de las comunas de Antigua Guatemala y Zacapa, que intentaban regular el uso de fuentes de agua en sus territorios. ¿Por qué crees que no aplica el mismo criterio con la Ley de Minería, entre otras?

Porque no hay voluntad real para hacer una revisión y poner orden. Estas leyes ordinarias no pueden tener un carácter superior ni arrogarse funciones que la Constitución relega en una ley específica. 

¿Cómo Serjus se involucra en la creación de una propuesta de Ley de Aguas?

Fue un proceso natural. Veníamos acompañando las luchas de varias organizaciones en defensa del medio ambiente y del rechazo a las industrias extractivas. De allí nace el interés por identificar problemas comunes, hacer análisis de coyuntura y de derecho comparado y todo nos lleva a ver que el gran problema es la falta de una ley de aguas que proteja el recurso en favor de las grandes mayorías y en sintonía con los principios de nuestros pueblos.

Una parte de playa de la aldea El Quetzalito, Puerto Barrios, completamente invadida por desechos de plástico traídos por el río Motagua. Noviembre 2019. Simone Dalmasso

Del mismo acompañamiento surgió el Consejo Permanente Por la Defensa del Territorio. Es una instancia para consensuar, platicar y escuchar. A diferencia de las propuestas que salen desde los escritorios de los diputados o de los burós de los expertos del sector privado, acá la mayor parte del chance es escuchar. Hay que entender que una ley, sin respaldo social, no va a venir a solucionar el problema. No le van a salir patas y cabeza para hacerse respetar. La Ley de Aguas es un medio y no un fin.

Cuando se habla de la posición de las comunidades indígenas frente a la ley de aguas siempre destaca el rechazo por parte de la autoridad de 48 Cantones ¿Cómo explicarías su posición?

A mí me tocó desde 2015 acompañar ese tipo de procesos. Cada pueblo es autónomo y en esa lucha cada quien tiene sus propias formas de administración y organización. En 48 Cantones ellos están muy claros en su visión de cómo proteger los recursos y por eso rechazaron en 2003, 2005 y 2016, las propuestas de Ley de Aguas. Hay que aclarar que no se oponen a que exista una regulación sino a la forma en que se deja de lado la participación de las comunidades.

Las varas de las autoridades de los 48 cantones presentes durante una sesión de atención a la población, en Totonicapán.  Agosto 2016. Simone Dalmasso

En septiembre último se reunieron con los diputados por Totonicapán para decirles que no quieren las iniciativas 5898 y 5161, que son las que acaban de recibir opinión favorables. ¿Por qué? Porque no reconocen el derecho a la consulta o el rol de las autoridades indígenas. Si hay una propuesta donde se las incluya, que es lo que intentamos hacer desde Serjus, los compañeros posiblemente no se opongan.

¿Cómo conciliar la visión de las autoridades indígenas que la que tiene la patronal? Sobre todo si partimos de que unos se basan en la conservación y otros en el aprovechamiento.

Hemos estudiado las estrategias de las empresas extractivas y de las grandes corporaciones y siempre tienen un poder real para cooptar los espacios políticos. Eso es un hecho pero creo que en algún momento tendremos que sentarnos y hablar con ellos. No sentarnos solo porque ellos son poderosos sino con el afán de negociar entre iguales. Sin diálogo nos vamos a tardar otros 30 años sin Ley de Aguas y mientras tanto se van a seguir contaminando las fuentes y agotando los recursos.

¿Cómo sociedad tenemos la madurez suficiente para generar ese diálogo en igualdad de condiciones para dos sectores históricamente tan opuestos?

No la tenemos y seguramente en ambos bandos hay sectores con más madurez que otros. Creo que esa madurez solo la vamos a conseguir practicando el diálogo y sólo de una postura colectiva puede surgir una ley de aguas lo suficientemente sólida y satisfactoria para todos los sectores. 

Empleados del MARN, en su mayoría originarios de la aldea El Quetzalito, limpian la playa donde desemboca el río Motagua. Noviembre 2019. Simone Dalmasso

El agua nos da esa posibilidad de ser un punto de concertación para pueblos indígenas, políticos y empresarios. Sentarnos a discutir con un político o un director del agro no mancha nuestra honra, por el contrario eso denota nuestra buena voluntad. Ahora bien, también es necesario crear las condiciones para el diálogo porque actualmente no existe un mediador y carecemos de mecanismos que nos ayuden propiciar estos encuentros.

¿Por qué pese a tener el respaldo de las comunidades, la propuesta que elaboró Serjus no prosperó?

Pues lastimosamente está engavetada, porque no pudo obtener el dictamen favorable de parte de la comisión de recursos hídricos. En parte también es porque nosotros no tenemos todo el aparato de negociación e influencia que sí tienen otros sectores para empujar sus iniciativas. Si bien se quedó fuera, de ella sacamos 14 puntos irrenunciables para defender el agua, con o sin ley, desde nuestra lógica comunitaria. Poco a poco, en pequeños gestos, quiero creer que le vamos ganando el pulso al mismo Estado.

Jairo Guzmán, 19, enseña la mojarra recién pescada. Tal como su padre, el joven sigue la tradición familiar de bucear con arpón, en la laguna de Calderas, octubre 2019. Simone Dalmasso

[Los 14 puntos irrenunciables son: 1) Protección del agua. 2) Reconocimiento del Derecho Humano al agua y su saneamiento. 3) El derecho de toda persona a almacenar agua. 4) El reconocimiento de un proceso judicial para defender el agua. 5) El reconocimiento de las organizaciones ancestrales y del derecho indígena. 6) Reconocer el agua como un dominio público. 7) La creación de un ente rector. 8) Establecer la consulta a las comunidades cuando el agua esté en juego en un proyecto extractivo. 9) La imposición de sanciones para quienes hagan mal uso del agua. 10) Una reforma amplia a leyes específicas como la Ley de Minería. 11) La promoción de un modelo de agua basado en la reducción de la brecha de género. 12) El reconocimiento del agua como un ser vivo y por lo tanto, sujeto de derechos. 13) Reconocer la percepción material y espiritual que los pueblos indígenas tienen sobre el agua. 14) Que la ley esté acorde con normativas internacionales.]

El Congreso tiene en pausa la discusión de la iniciativa 5161 que se presentó en el gobierno de Jimmy Morales. ¿Crees que podría encontrar oposición desde las comunidades?

Seguramente, si es que ya llegan a reactivar, tendremos que estudiarla, pero esa iniciativa viene más en la lógica de privatizar el agua y convertirla en un derecho económico. Eso, de entrada, choca con la percepción de los pueblos. El agua no tiene dueño y actualmente está igual de mal distribuida que la tierra. Desde mi punto de vista personal esta iniciativa sólo vendría a ponernos la soga al cuello y dejar a los pueblos fuera de la defensa de los recursos. 

Andrea Ratzám, 80, originaria de San Pedro la Laguna. Durante toda su vida, se mantuvo lavando ropa a la orilla del lago Atitlán. Ahora gana 30 quetzales por cada cubeta de ropa encargada. Noviembre 2019. Simone Dalmasso

¿Confías en que esta legislatura es la adecuada para promulgar una ley de aguas?

De beneficio social, no. Hemos hecho ese análisis de las fuerzas de correlación. Ellos ahora tienen la mayoría para aprobar una Ley de Aguas y cualquier otra ley, además tienen el control de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. Si aprueban una ley es muy probable que sea contraria a los intereses de los movimientos sociales. Quizás ahora lo mejor sea que la iniciativa se quede guardadita, porque si la desengavetan le van a dar el acabose. 

Ahora bien, tampoco creo que se animen a sacar una ley que favorezca a unos pocos en el tema del agua porque eso sería levantar al pueblo y nos movilizará a todos. A muchos los mueve la lógica anticorrupción pero creo que para los pueblos, la defensa del agua es una preocupación más grande. Es más, no solo para los pueblos sino también para los estudiantes y para los hogares. Tocar el agua es tocarnos a todos.