1. El agua es un recurso escaso

Aunque la cobertura llega al 87% de los hogares en Guatemala, solo cinco de cada diez ciudadanos tienen acceso al agua de calidad. A pesar de ello, según explica el profesor David Martínez Amador, el uso en los últimos años ha sido similar a cómo se afrontaba en Europa la industrialización en el siglo XVIII: gastar todos los recursos posibles sin pensar que estos pueden ser finitos.

Los efectos de un uso “no racional” comienzan a verse progresivamente: la desaparición de La Laguna de Atescatempa es un ejemplo que debe preocupar. En el futuro nos encontraremos con un problema: menos agua que deberá ser repartirse entre más personas. Y aquí viene la pregunta fundamental: ¿cómo se determina quién utiliza cuánto agua?

2. El Estado no tiene capacidad de llevar el agua a todos sus ciudadanos

“El Estado cuenta con serios problemas para garantizar condiciones de calidad y disponibilidad de agua para todos”, dice el el investigador Diego Padilla en su estudio para Plaza Pública titulado La Ley de aguas y la regulación del derecho humano al agua en Guatemala: debates y desafíos. Uno de los elementos más claros de que el Estado es incapaz de ejercer un papel como árbitro es la ausencia de una Ley de aguas. Desde 1985 el Congreso ha incumplido su obligación de promulgar una ley específica de aguas. Aunque la Constitución reconoce el derecho humano al agua, este ha quedado como papel mojado. Al asumir este derecho como propio, Guatemala debería tomar en cuenta los criterios de accesibilidad, disponibilidad y calidad de agua para todos sus ciudadanos. No es así. El Estado debe proveer servicios de agua y saneamiento a la población, al tiempo que debe preocuparse de evitar la discriminación o atender a la población más vulnerable.

Lograrlo implica replantearse en qué se invierte y quién tiene derecho o no a utilizar determinadas fuentes de agua. En Guatemala, la debilidad del Estado hace que termine por delegar en otros actores estas funciones. Y son los sectores de élite interesados los que terminan por suplantar la función que debería llevar a cabo la administración. Llegados a este punto, dado el incumplimiento constante del Congreso, la Corte de Constitucionalidad ha terminado convertida en árbitro que, cada vez más, tiene que lidiar con los vacíos legales y garantizar derechos con sus sentencias. Un análisis de las sentencias de la CC revela que ha priorizado, como ordena el orden constitucional, el agua para consumo humano. Pero este es un equilibrio frágil. Un cambio en la composición de la Corte puede subvertir indebidamente esa jerarquía de prioridades y dar rienda suelta a la agenda extractivista.

3. Las élites han impuesto su capacidad de veto

Las élites políticas y económicas han ejercido su capacidad de veto durante décadas, fundamentalmente a través de Cacif, y han imposibilitado, por ejemplo, que se apruebe la Ley de aguas. Estos sectores observan con sospecha todo intento de regulación. Por un lado, existe una posición ideológica, de rechazo al papel de árbitro del Estado. Por otro, tiene que ver con la defensa de sus propios intereses. La regulación del uso del agua afectaría directamente a sus empresas, que actualmente tienen facilidad para instalarse en las comunidades obviando la escasa normativa o acordando con poderes locales la implantación de megaproyectos. Estos sectores no vieron con buenos ojos que Guatemala firmase el convenio 169 que regula el derecho de los pueblos indígenas a las consultas, ya que lo interpretaron como un mecanismo por el que se puede poner freno a sus proyectos extractivistas.

Se da una paradoja: mecanismos como el 169, que podrían servir para dar seguridad jurídica a los proyectos tras la consulta, eran rechazados por las empresas que apelaban, precisamente, al concepto de seguridad jurídica. Ahora, tras años viendo detenerse proyectos por haber pasado por alto requisitos legales como ese, apelan al 169 entendiendo que la consulta es un proceso informativo, no de concesión de consentimiento. En un movimiento simultáneo en la dirección contraria, varios movimientos indígenas rechazan ahora reglamentar el 169 por miedo a la nueva interpretación. Ahora, la mayoría de los sectores parecen convencidos de que es necesaria una ley de aguas. Hay más puntos de acuerdo en las iniciativas de lo que generalmente se cree, pero las diferencias, y sobre todo los recelos, todavía son grandes.

4. Vivimos en una época de ofensiva extractivista

Las últimas dos décadas suponen un auge de los proyectos extractivistas. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se multiplican los planes de minería e hidroeléctricas y, con ellos, la conflictividad en las comunidades. Si, pese a la prioridad constitucional, el derecho humano al agua ya tenía la dificultad de lidiar con un Estado incapaz de cumplir con sus obligaciones, la agenda extractivista es la otra cara de la moneda de las amenazas.

Esto supone “la explotación desregulada de los recursos naturales y el consumo privativo de aguas compartidas”, según Diego Padilla. Ambos elementos, la regresión del Estado en su labor de proveer servicios básicos y el avance de la agenda extractivista, están relacionados. “Más allá de marcar la pauta de la mercantilización de aguas y aguas públicas, la lucha discursiva alrededor de la ley de aguas cobra forma en gran medida en este contexto”, dice el informe. Esta ofensiva no es algo retórico: tiene ejemplos en ríos contaminados por los desechos de las minas o ríos desviados para crear represas para hidroeléctricas.

5. A los actores alternativos les han cerrado las puertas

Existen algunos grupos que pueden ejercer de contrapeso a las élites. Sin embargo, su acceso al debate público ha sido difícil. No todos los sectores sociales tienen la misma capacidad de influir en la discusión pública. Además, tampoco existe unanimidad entre los sectores populares o las comunidades indígenas. Hay quienes creen en la vía institucional e incluso han presentado propuestas para aprobar una Ley de aguas desde sus propios planteamientos.

Otros, por el contrario, desconfían del Estado y también se han opuesto en ocasiones a la regularización, como 48 Cantones, de Totonicapán. Ven con recelo a la administración, la consideran aliada de las élites. Así que, ante la posibilidad de que se imponga una ley que termine por perjudicarles, prefieren seguir administrando su propio territorio como garantía de que los intereses del extractivismo les alcancen lo menos posible

6.Todo apunta a que la emergencia climática empeorará la situación

Los huracanes convertidos en tormentas tropicales Eta y Iota volvieron a demostrar que la emergencia climática no es un escenario de riesgo sino una realidad presente. Desde que el huracán Mitch destruyó zonas de la región en 1998 se ha incrementado el número de fenómenos naturales extremos. Sin embargo, no hay una buena regulación para evitar el deterioro del medio ambiente que revierta en forma de tormentas devastadoras o brutales sequías; ni para gestionar las consecuencias de los golpes de la naturaleza.

7. Nos acercamos al peor de los escenarios posibles

“No se adoptan medidas ante el cambio climático en el país. Continúa la anarquía en la institucionalidad y gobernanza del agua. Se acentúa la incomprensión entre los actores principales sobre los usos socioculturales del agua y se rompen los pocos acuerdos y espacios de diálogo que se han generado. Las múltiples conflictividades del país (racismo estructural, conflictos de tierras, violencia de género, etc.) se acumulan y afectan directa o indirectamente. Además, se impone una agenda regresiva en contra de la educación ambiental y predomina el negacionismo del cambio climático”. Este escenario apocalíptico está en el horizonte de Guatemala, según el profesor David Martínez Amador. De cumplirse, la confluencia de todos los puntos anteriores nos lleva al peor de los escenarios posibles.